El pasado 24 de noviembre se celebró la primera vuelta de las presidenciales rumanas, en las que resultó vencedor Calin Georgescu, con Elena Lasconi en segundo lugar. Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta, que debía celebrarse hoy, 8 de diciembre.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional rumano anuló la primera vuelta por supuestas interferencias rusas, basándose en el artículo 146.f de la constitución, que le confiere la atribución de velar por el cumplimiento de los procedimientos para elegir al presidente del país y confirmar los resultados de dichas elecciones.

El peligro para la democracia rumana, y, si acaso, europea, no viene en este caso de la supuesta injerencia rusa en los comicios, sino de la propia decisión del Tribunal Constitucional al suspender unos comicios limpios y conformes a derecho, por la supuesta existencia de interferencias durante la campaña.

Ciertamente la noticia me causó asomobro cuando se conoció este viernes pasado, pero tanta o más perplejidad me ha causado leer esta mañana en La Vanguardia las palabras de unas de sus plumas más respetadas, Màrius Carol, al afirmar que «la decisión del Alto Tribunal es toda una lección de cómo se defiende a la democracia, pero también es la advertencia más evidente de que la democraia está en peligro«.

Añadiendo a continuación que “…las redes sociales son un campo de minas para el mundo libre, por lo que la exigencia de transparencia de sus algoritmos, de verificación de identidades y credenciales, así como el control de contenidos es imprescindible”.

Reconozco que se me encendió una alarma al leer que un periodista pida el “control de contenidos”, cuando históricamente dicha profesión siempre ha abogado por la libertad de expresión y la libre divulgación de las opiniones.

Y máxime que lo haga un periodista de su talla, de quien no dudo de su compromiso con los valores democráticos.

Estando del todo de acuerdo en que las redes sociales, los dictados de los algoritmos y, añado, la irrupción cada vez más fuerte de la inteligencia artificial (IA), son retos que deben ser abordados, sin embargo, debo también mencionar que algo no está funcionando bien si a la primera de cambio para proteger nuestro sistema democrático pedimos que se ejerza un control sobre lo que se publica, se opina o se divulga.

Y ello por cuanto está en el propio ADN de todo régimen democrático precisamente el respeto por la disensión y el libre intercambio de opiniones, sin más límites que los que establezcan las leyes, y, si acaso, la ética o el decoro de cada cual.

El pueblo rumano expresó su voto libremente el pasado 24 de noviembre.

Nadie ha denunciado que hayan existido coacciones hacia los votantes ni falta de libertad por parte de los diversos candidatos para presentar sus programas. Si tal fuera el caso, allí están los tribunales ordinarios para denunciarlo.

Las elecciones fueron, por tanto, libres. Pero sin embargo esa decisión soberana ha sido borrada de un plumazo por la simple sospecha de que una potencia extranjera intentó favorecer a un candidato a través de las redes sociales.

Tres consideraciones sobre la cuestión.

En primer lugar, se insulta en cierta forma a los ciudadanos rumanos al no considerarlos lo suficientemente adultos e inteligentes como para no saber sustraerse a dicha injerencia.

Amén que tampoco es ni siquiera posible saber en qué pensaron ni qué tuvieron en cuenta esos ciudadanos al emitir su voto. Como pasa en cualquier proceso electoral, en Rumanía, en España o en cualquier lugar. Y ni falta que hace para lo que aquí nos ocupa.

El voto es libre y secreto, y si no hay coacciones, cada uno puede votar a quién le plazca y utilizando los motivos que quiera, o ninguno.

En segundo lugar, la decisión ataca el acto más sagrado de todo sistema democrático, que es la expresión de la voluntad popular a través del voto.

Sin este ejercicio, todo el sistema decae.

Los poderes del estado emanan del pueblo y el pueblo expresa su decisión a través del voto. Si se anula dicho ejercicio, no en base a irregularidades palmarias sino a meras sospechas, ¿qué nos queda como democracia? Muy poco, en mi opinión.

Y en tercer lugar, ¿es acaso la primera vez que se ha intentado influir en el electorado? ¿No va de eso precisamente cualquier campaña electoral? ¿De influir en los votantes para intentar ganar su voto?

Claro está que en este caso se está hablando de la injerencia de una potencia extranjera, Rusia, y parece que no es la primera vez que desde Moscú se intenta intervenir en procesos electorales de Occidente.

Pero ¿qué pasará ahora en Rumanía? ¿Qué procedimientos se arbitrarán para evitar dichas injerencias en las próximas elecciones? ¿Bloquear redes sociales? ¿Prohibir a determinados candidatos? ¿Establecer “contra-campañas” desde el propio estado alertando a la población sobre vete tú a saber qué?

Creo que el TC rumano se ha equivocado, y de lejos.

Aun considerando que su decisión haya estado guiada por la buena fe, no se protege al sistema democrático rumano anulando la primera vuelta del 24 de noviembre.

Si acaso lo que habría que hacer es revisar las reglas de las campañas electorales y establecer con claridad qué puede hacerse y qué no, pero en ningún caso tratando de inclinar la balanza para un lado ni para otro. La legitimidad del sistema está en juego.

El TC rumano creo que se ha equivocado y ha establecido un precedente muy peligroso, que esperemos que quede en un mal recuerdo y no cale en el resto de democracias europeas. Ni en el ánimo de ningún ciudadano, ni ningún periodista, y menos aún de aquellos que son referencia.