Una de las señas de identidad de la izquierda es el reparto de la riqueza, entendida como el intento de asegurar que los beneficios de su generación lleguen a la mayor cantidad de gente posible, para lograr un mayor bienestar del conjunto de la sociedad y mitigar así los problemas que pueden surgir de la desigualdad en su distribución o de una concentración excesiva de la misma en pocas manos.

Para poder repartir la riqueza, y aunque sea una perogrullada, primero hay que generarla. Lo que a priori es una cuestión obvia, en algunas latitudes o para determinadas ideologías parece que la cosa no está tan clara. Tal es el caso de la Argentina kirchnerista o albertista, donde casi el 70% del gasto público se dedica a fines sociales, el tamaño del Estado y su funcionariado ha adquirido dimensiones monstruosas, y los planes sociales se han multiplicado, en un país que prácticamente no crece desde hace más de una década, es decir, que no genera nueva riqueza.

¿El resultado? No se reparte la riqueza, sino la pobreza, que se va extendiendo como una mancha de aceite por toda la geografía del país, va alcanzando a cada vez mayor número de hogares y va subiendo cual lenta crecida de un río hacia la cada vez más castigada clase media.

Los números no mienten. El proyecto de presupuesto nacional para 2022 prevé que el 67% del mismo se destine a gasto público social, y actualmente 22 millones de argentinos reciben algún tipo de plan social, ayuda directa del Estado por diversos conceptos.

Según recogía Forbes el 2 de agosto de 2021, “en veinte años la ayuda estatal a personas con problemas socioeconómicos se multiplicó por once, al llegar a más de veintidós millones de argentinos, lo cual refleja el nivel de deterioro que atraviesa la economía argentina, donde más del 45% de la población es pobre.

En el 2002, durante la crisis que debió gobernar Eduardo Duhalde, los planes sociales se habían creado como un beneficio para “jefas y jefes de hogar”, y su idea original era que fuesen temporales, pero esa herramienta de ayuda se disparó en forma dramática a lo largo de dos décadas y actualmente hay más de 141 planes sociales y ayudas estatales.Los planes se multiplican y el gobierno sostiene que si no fuera por esas asistencias mensuales, la situación social sería aún más grave.”

Y todo ello se produce en un contexto de estancamiento económico desde 2011, con una economía castigada por la pandemia y el confinamiento más largo del mundo decretado por el gobierno de Alberto Fernández, y un Estado elefantiásico difícil de mantener (el número de empleados públicos pasó de 2,2 millones en 2000 a 3,6 millones en 2020).

Ante situaciones económicas y sociales de crisis, una de las funciones del Estado es precisamente socorrer a aquellos que están pasando dificultades, y máxime si éstas ponen en riesgo la propia subsistencia. Nada que objetar, pues, a este auxilio estatal, como bien pudo ser el caso en los años inmediatamente posteriores al corralito de 2001.

Pero lo que no es de recibo ni sostenible, desde un punto de vista tanto económico y financiero, como ético y moral, es convertir un mecanismo que debería ser por definición coyuntural, en estructural. Lo que es cada vez menos asumible es normalizar una maquinaria de ayudas estatales perversa, que desincentiva el trabajo y la responsabilidad individual, ahoga la capacidad financiera de las arcas públicas y detrae rentas a aquellos que viven de su trabajo – asalariado o por cuenta propia – para perpetuar situaciones de pobreza sin poner en marcha mecanismos genuinos que creen empleo formal y riqueza real para que los beneficiados por los subsidios públicos puedan alcanzar su propia autonomía, contribuir al conjunto de la sociedad, y no tener que depender sine die de la asistencia (sopa boba, que diríamos en España) del Estado.

Sin dejar de abordar aquellas situaciones que lo requieran, se debería poner el foco en la creación de riqueza, en volver a la senda del crecimiento económico y en apuntalar los sectores de la economía que tienen una ventaja competitiva y pueden generar empleo y bienestar (y ciertamente en Argentina los hay, más allá incluso del típico y tópico campo argentino) para revertir la senda negativa en que parece haberse instalado el país austral.

Pero dudo que el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner esté por la labor de poner coto a un sistema que tiene mucho de clientelar y que, por tanto, forma parte del ADN del peronismo, el movimiento que domina la vida política argentina, desde el gobierno o la oposición, desde los años ’40 del siglo pasado.

Al ver la riqueza como el enemigo, y al enemigo como aquél al que hay que eliminar o destruir, no se dan cuenta de que corren el riesgo de acabar con la gallina de los huevos de oro que en buena parte les proporciona su principal capital político, y que llegará un día en que de tanto exprimir ya no quedará nada que repartir y se les habrá acabado lo único que parece que pueden ofrecer al país.

La izquierda tiene como uno de sus puntales el reparto de la riqueza. La izquierda peronista que representa el kirchnerismo ha travestido tanto el concepto que ha acabado multiplicando la pobreza, y ya se sabe que sólo se pueda repartir aquello que se tiene. El país aguanta, pero cada día que pasa es un día menos para revertir el proceso. 2023 es la próxima parada. Esperemos que Argentina llegue en condiciones para poder coger el próximo tren.

Datos:

Presupuesto nacional 2022: https://www.ambito.com/economia/presupuesto-2022/66-cada-100-se-destinaran-al-gasto-publico-social-n5318410

número de planes sociales: https://www.forbesargentina.com/today/cuantos-millones-argentinos-reciben-planes-sociales-hoy-n7047

Crecimiento económico de Argentina según el Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=AR&start=1961

Índice de pobreza: https://www.infobae.com/economia/2021/09/30/la-pobreza-llego-al-406-en-la-primera-mitad-del-ano-y-alcanzo-a-188-millones-de-personas-en-todo-el-pais/

Número de empleados públicos: https://www.perfil.com/noticias/economia/en-20-anos-argentina-duplico-la-cantidad-empleados-publicos.phtml